Ante la contumaz negativa del SES a valorar en sus Bolsas de Trabajo la experiencia adquirida en residencias de mayores privadas —inadmisible tras las dos sentencias dictadas en fechas muy recientes por el Tribunal Supremo (la segunda, el mes pasado)—, publico modelo de escrito de alegaciones por el que se interesa su cómputo.
En supuestos que guardan sustanciales similitudes con el
presente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya reprochó al SES
que no procediera de oficio a la revisión de las listas para garantizar el principio
de igualdad. Porque, efectivamente, está en liza el principio de igualdad.
Es intolerable que toda una administración pública juegue con
las expectativas laborales de miles de aspirantes, cuyo futuro inmediato, y
también mediato [las bolsas de trabajo y los procesos selectivos de adquisición
de la condición de personal estatutario fijo no dejan de funcionar a modo de
vasos comunicantes], depende de la posición que ocupen en esas listas de
espera. Los daños [económicos, administrativos, profesionales…] que se les
pueden ocasionar son irreparables. Y tienen familia, señores del SES. Los
aspirantes que conforman sus Bolsas de Trabajo tienen familia. O se les olvida
a Vds. este extremo o les importa poco.
El SES debería mostrarse exquisito a la hora de ordenar a los
aspirantes en sus bolsas de trabajo, no sólo revisando con diligencia sus
méritos [actuando, cuando menos, con la misma diligencia que exige], sino
cumpliendo escrupulosamente la ley y las sentencias de los tribunales de
justicia, con más razón aún si cabe cuando esas sentencias comprometen el
principio de igualdad. De hecho, parece oportuno recordarle a los gestores del
SES que los aspirantes no participan en la redacción de las normas y pactos que
regulan el funcionamiento de las Bolsas de Trabajo, por lo que las lamentables
imprecisiones terminológicas de que adolecen no pueden ser interpretadas en
sentido restrictivo.
Ya está bien de que un servicio público de salud siga
recurriendo al “copia y pega” cuando redacta convocatorias. Ya está bien. Es
indignante. Indignante y ventajista porque, claro, los afectados son
Enfermeros, Médicos, TCAE, etcétera, y entre sus deberes y obligaciones no figura el
conocimiento del Derecho Administrativo, de sus reglas, de sus principios. Como
tampoco se pueden permitir los Gabinetes Jurídicos de que Vds. disponen, cuyo
coste también sufragan ellos.
Por favor, conspicuos gestores del SES, explíquenles Vds. a
los aspirantes la diferencia clarísima que existe entre “institución sanitaria”
y “centro sanitario”. Ilústrennos a todos. De paso, aclárennos por qué utilizan
de manera indistinta ambos términos en sus convocatorias.
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